ASOCIACION DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Noticias de Apinta

  • 22-05-2006

    Afecta a 5 millones de personas

    El empleo en negro aún sigue muy alto
    Clarín - El País

    En el país todavía hay casi 5 millones de personas que trabajan en negro. Dos actividades, como el agro y la construcción, que registran ganancias espectaculares en los últimos años como derivación de la devaluación, los altos precios internacionales y las ganancias especulativas en bonos del Estado, tienen tasas de empleo en negro superiores al 70 por ciento de la masa laboral.

    Esto revela que el no registro de esos trabajadores no se explica por una cuestión de costos que, como se sabe, estuvo disminuyendo en todo el último tiempo. Es decisión voluntaria de hacerlo, ni siquiera desidia.

    Estos 5 millones de asalariados no tienen derecho a la jubilación y pensión, ni a la atención médica de la obra social y, en el caso de los ocupados, tampoco pueden cobrar el salario familiar ni el aguinaldo, ni el seguro de accidentes de trabajo y desempleo ni la indemnización si son despedidos.

    El empleo en negro creció en los años 90 favorecido desde el Estado con la tercerización de las actividades y de los distintos contratos de precarización laboral impuestos a presión y con el consentimiento de los dirigentes gremiales y con el pretexto de que esas formas ya eran usuales en todo el mundo industrial. A las autoridades de Gobierno les resultó sencillo imponer semejante parámetro de exclusión porque usaron como excusa el creciente desempleo tras el profundo caos hiperinflacionario de la segunda mitad de los años ochenta.

    Con la recesión y la falta de perspectivas que se consolidaron entre 1998 y 2002, volvió a subir la "relación de prestaciones en negro" por los planes sociales que se otorgaron sin Seguridad Social.

    Hoy por hoy el trabajo subterráneo se mantiene en torno al 45 por ciento porque el Estado emplea a esa gente y favorece su contratación en actividades municipales sin cobertura de Seguridad Social. Y porque al mismo tiempo se favorece a todo ritmo la tercerización, como lo reveló el conflicto que estalló en torno a las confecciones textiles en relación al trabajo de ciudadanos bolivianos con todos sus ribetes de accidentes mortales y racismo.

    Con aquel suceso desgraciado se puso de relieve que grandes marcas del mundo de la indumentaria y conocidas modistas están detrás de esta suerte de trabajo a destajo, donde no se tiene ningún cuidado de poner en riesgo la vida humana y las condiciones ambientales se parecen a las del mundo asiático de producción. La Cámara de la Indumentaria declaró que viene efectuando denuncias sobre estas transgresiones desde hace más de 10 años y la respuesta de las autoridades venía siendo el silencio o la mirada de los responsables para otro lado.

    Pese a todo las estadísticas demuestran que el renglón de la indumentaria más que duplicó sus precios desde la devaluación. Tras dos décadas de marginalidad del sector por la aplicación de estrategias económicas oficiales aperturistas y protectoras de las importaciones, la indumentaria acumuló una rentabilidad envidiable en los tres años posteriores a la devaluación.

    El Estado es también un empleador "en negro". La Administración Pública nacional y las Provincias pueden dar testimonio. Del mismo modo otras expresiones de la marginalidad son las pasantías en las empresas privadas y el empleo en relación de dependencia bajo la figura del Monotributo.

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