Noticias de Apinta
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08-05-2006
Una exigencia de la Reforma Constitucional
Con doce años de demora, tratan la Ley de Amparo
Diputados busca modificar un decreto de Onganía. Hay más leyes en mora desde 1994.
Clarín - El PaísDiariamente llueven en los tribunales múltiples acciones de amparo solicitadas por personas o asociaciones que consideran vulnerado alguno de sus derechos constitucionales. Y para resolverlos, los jueces sólo tienen a mano el decreto firmado por un gobierno de facto: el que encabezó el general Juan Carlos Onganía hace 40 años.
Esta semana el Congreso estará en condiciones de subsanar la ausencia de una ley legitimada por la democracia para acceder a ese recurso de rápida definición. Con infrecuente unanimidad, los diputados de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia acaban de aprobar un proyecto que podrá debatirse el miércoles en el recinto.
El texto amplía las facilidades para reclamar el amparo: impide al juez declararlo inadmisible (tiene obligación de tratarlo) y abrevia los plazos. Además, regula las acciones colectivas que pueden presentar entidades de derechos humanos y consumidores.
Una vez que sea votado por los diputados y pase a manos de los senadores para su sanción definitiva, el Parlamento estará pagando una de sus tantas deudas pendientes con la reforma constitucional de 1994.
Del ramillete de leyes nuevas que exigieron los convencionales que sesionaron en Santa Fe hace doce años la inauguración fue un 25 de Mayo están demoradas todavía unas cuantas vinculadas a temas de fondo. Encabezan el pelotón la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia que recién hace diez días comenzó a analizarse en la comisión del Senado que dirige Cristina Kirchner y la ley de coparticipación federal, de la que no hay noticias. El Gobierno, que debería dar su acuerdo, no parece preocupado en apurarla.
En el casillero deudor se apilan además varias cuestiones relacionadas a los llamados "nuevos derechos y garantías", tales como la igualdad de oportunidades para mujeres, niños, ancianos y discapacitados. Y una por demás espinosa: falta revisar la legislación delegada, por lo que podrían caducar unas 2.000 normas cedidas al Poder Ejecutivo.
