Se espera que esta tarde el Consejo Constitucional dé su veredicto sobre si el proyecto del premier De Villepin es o no legal. Hay un fuerte operativo policial en la zona para evitar choques con los universitarios que protestan frente a la sede. Ayer, estudiantes y sindicatos llamaron a una nueva huelga general para el 4 de abril. El Consejo Constitucional francés tiene previsto pronunciarse hoy sobre la legalidad de la resistida ley de empleo del primer ministro Dominique de Villepin, en un fallo que podría determinar el futuro político del premier y la continuidad o no de las protestas contra la norma. Si el Consejo expresa reservas serias sobre el texto, esto permitiría a Chirac un pretexto para pedir al Parlamento una segunda lectura de la ley como exige la oposición o simplemente no promulgarlo. Esto sería un duro revés para el gobierno francés y dejaría al premier al borde de la renuncia.Cientos de policías desplegaron un fuerte operativo de seguridad frente a la sede del Consejo, en el centro del París. Sus "sabios", los nueve miembros que lo integran, tienen previsto decidir en las próximas horas si la ley del Contrato de Primer Empleo (CPE), ya aprobada por el Congreso, se ajusta a la Constitución del país. Los sindicatos, organizaciones estudiantiles y la izquierda francesa llevan adelante desde principios de mes una campaña de masivas protestas contra la norma, y exigen a Chirac que use su potestad de regresar la ley al Parlamento para su rediscusión, lo que en la práctica implicaría la muerte del CPE. Los rumores se multiplicaban hoy en Francia sobre qué camino tomará Chirac, entre informaciones de prensa de que De Villepin amenazó con renunciar si el mandatario no apoya su polémica ley. Ayer, los sindicatos y estudiantes anunciaron una nueva jornada de huelga y movilización para el martes próximo. El diario Le Parisien afirmó que Chirac está furioso con el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, quien se distanció personalmente del CPE y llamó a negociar la norma con los opositores. El CPE es un contrato para menores de 26 años que estipula un período de prueba de dos años durante el cual los empleadores pueden despedir a los contratados sin justificativo. El gobierno conservador asegura que la ley permitirá reducir el creciente desempleo juvenil, pero los críticos dicen que precariza las condiciones de trabajo y hará más difícil conseguir un empleo permanente.
