El Gobierno, la CGT y los empresarios están trabajando en un proyecto. Es para permitir que se amplíe el subsidio a los que trabajan en negro y a los que fueron despedidos del empleo a poco de empezar.
El Ministerio de Trabajo, la CGT y los empresarios están trabajando para ampliar los alcances del seguro de desempleo. Este es un beneficio al que tienen derecho los trabajadores "en blanco" con un año de antigüedad, en caso de ser despedidos sin causa. Pero en un país en el cual hay 1,7 millón de desocupados, sólo 55.000 personas están cobrando ese beneficio.Los cambios que se quieren introducir serían tres: elevar el monto del beneficio, que rija para los trabajadores que hayan tenido más de tres meses de antigüedad en el empleo del que fueron despedidos y que puedan cobrarlo los trabajadores en negro despedidos, que demuestren en "sede judicial" que no estuvieron registrados.Así lo revelaron a Clarín fuentes oficiales, de los sindicatos y empresarios que están trabajando en el proyecto que debería ser aprobado por el Congreso.
Uno de los cambios previstos es permitir que los trabajadores no registrados que hayan sido despedidos cobren el subsidio: para eso tendrán que hacer un juicio contra la empresa y cumplir una serie de pasos legales.También se incrementaría el piso y el tope del beneficio en un 50%, lo que llevaría el techo a 450 pesos. Y comenzaría a regir desde el tercer mes de antigüedad, en forma proporcional a razón de un mes de subsidio cada tres meses de antigüedad. Así con una estabilidad de 3 a 6 meses, el trabajador despedido cobraría un mes de subsidio. De 6 a 9 meses, dos meses de subsidio y de 9 a 12 meses, tres meses.Este seguro se financia con un aporte patronal sobre la nómina salarial que va al Fondo Nacional de Empleo administrado por la ANSeS. Los especialistas opinan que el acceso a este beneficio es muy restringido y el monto del beneficio es muy bajo. Y esa sería la razón por la cual hay poca gente que lo cobra en relación con la cantidad de desocupados.Además, no tienen derecho a este seguro ni el personal público ni el servicio doméstico. Tampoco se aplica a los que trabajan en negro, por lo que refleja muy parcialmente la situación del mercado laboral, opinan.
Para acceder al seguro de desempleo, el trabajador tuvo que haber trabajado en relación de dependencia como mínimo 12 meses con el mismo empleador, estar registrado legalmente y haber sido despedido sin causa. El trámite se realiza en la ANSeS. Si cumple con todos los requisitos, el trabajador cobra un subsidio de entre 150 y 300 pesos durante un plazo que depende de la antigüedad que tenía en el empleo, según la siguiente escala: si trabajó entre 12 y 23 meses, cobra durante 4 meses; si estuvo ocupado entre 24 a 35 meses, cobra 8 meses;si duró en el empleo más de 36 meses, cobra un año de seguro. El beneficio se interrumpe si el despedido encuentra empleo. Se calcula tomando el 41,5% de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual de los últimos 6 meses trabajados y cuyo importe no puede superar los $ 300 ni ser inferior a $ 150. Así, si ganaba 1.000 o 2.000 pesos, el seguro es de 300 pesos. Si ganaba 500 pesos, el seguro es de 207 pesos. Luego, entre el quinto y octavo mes, el seguro se reduce al 85% y en los últimos 4 meses, al 70%, con el piso de los 150 pesos. Si el beneficiario tiene cargas de familia, percibe además las asignaciones familiares que le correspondan durante la vigencia de la prestación.
Desde que se implantó, en 1992, el seguro de desempleo tiene ese piso de 150 pesos y techo de 300 pesos. Y se mantuvo sin cambios a pesar de que desde enero de 2002 la inflación es de casi el 75%. Esto a pesar de que el Fondo es superavitario porque se financia con un porcentaje de la masa salarial, que aumentó por el mayor empleo y la suba nominal de los sueldos. Pero el subsidio sigue congelado y bajó el número de beneficiarios.El piso y el techo del seguro por desempleo, así como el porcentaje del sueldo que se toma como referencia para su cálculo, lo fija el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Este organismo, compuesto por empleadores y los sindicatos, se reúne si es convocado por la cartera de Trabajo.
Qué deberá hacer quien está en negro.Según el proyecto que elabora el Gobierno, para que alguno de los casi 5 millones de trabajadores en negro que hay en el país pueda pedir el subsidio por desempleo tendrá que cumplir con los siguientes pasos: enviar un telegrama al empleador que lo mantuvo sin registrar y hacer una denuncia ante la justicia laboral; para el juicio deberá reunir las pruebas disponibles, como testigos u otros elementos de comprobación;una vez iniciada la demanda, tendrá que participar de una audiencia de mediación en el Sistema de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), que funciona en el ámbito de la cartera laboral;si se llega a un acuerdo de partes en esa instancia, no queda constancia de la relación laboral y el trabajador no puede acceder al seguro de desempleo. Los expertos destacan que el 90% de los casos se resuelven allí;si no se llega a un acuerdo extrajudicial, la demanda sigue su curso en los Tribunales. Y una vez que concluye el proceso, si el trabajador logra demostrar la relación laboral, pasará a cobrar el beneficio según las proporciones que marque la ley.Una vez que existe fallo judicial, la Justicia laboral traslada las actuaciones a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Con esa documentación, el organismo de recaudación inicia acciones sobre la empresa denunciada para cobrar los meses de aportes previsionales no ingresados por el trabajador que estuvo en negro. Este mecanismo sería el que permita financiar el pago del subsidio al trabajador que no realizó aportes.
Beneficios: ofrecer un beneficio que sólo llega a unos pocos es lo mismo que no darlo. Esto pasa con el seguro de desempleo. Y también ocurre con el régimen laboral del personal doméstico, que sufre la desprotección aun en el caso de estar registrado. Hoy hay 1,7 millón de desocupados y el trabajo en negro afecta casi a la mitad de los que tienen trabajo. Según datos oficiales, el panorama tiende a revertirse por la creación de empleos registrados. Aunque en un contexto inflacionario los salarios no siempre garantizan que se pueda saltar la línea de pobrez
Trabajo doméstico: el sector con menos derechos laborales. El 94% del personal trabaja en negro y no tiene beneficios de salud ni jubilación. Es el principal generador de trabajo entre personas con bajo nivel educativo.
A pesar de ser la principal fuente generadora de empleos para las mujeres con baja formación, el servicio doméstico se rige por normas que muy pocos empleadores cumplen y que no contemplan protecciones básicas como la maternidad o los accidentes de trabajo". Esta es una de las conclusiones a la que llega el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) en su informe semanal, dado a conocer ayer. El trabajo plantea que "una de cada tres mujeres con bajo nivel de formación trabaja como doméstica"."En el mercado de trabajo femenino, el servicio doméstico es el principal generador de puestos de trabajo para personas con bajo nivel de educación", plantea IDESA. Y rescata algunos datos del INDEC para los principales centros urbanos del país que muestran la situación del sector:El servicio doméstico representa el 17% del empleo femenino total. Pero entre las mujeres que no terminaron la educación media, representa el 32%. El 28% de las mujeres que trabajan son jefas de hogar, pero en el caso del servicio doméstico este porcentaje asciende al 34%. El 46% de las trabajadoras domésticas son pobres. En base a las estadísticas oficiales, el informe precisa que, en promedio, el 94% de las trabajadoras domésticas no tiene aportes a la seguridad social. "En algunos lugares del interior del país (como, por ejemplo, Tucumán) la incidencia del empleo no registrado llega al 99%".Pero, según plantea IDESA, este no es el único problema: "En las normas laborales que rigen al sector de servicio doméstico se pueden detectar otras fuentes de inequidad y discriminación": aunque el 42% de las trabajadoras domésticas se encuentra en edad fértil, la legislación laboral no contempla, como ocurre con el resto de los trabajadores, licencia por maternidad ni asignaciones familiares.Si son despedidas, el estatuto del servicio doméstico contempla indemnizaciones mucho más bajas que las previstas para el resto de los trabajadores. Y no tienen acceso al seguro de desempleo."El hecho de que el empleador sea una familia le da características especiales a esta relación de trabajo. Sin embargo, son muchas las analogías con los problemas observados entre las pequeñas empresas", plantea el informe.En ese sentido, IDESA enumera: "Se trata mayoritariamente de puestos de trabajo de baja productividad, generados por empleadores dispersos y con débil capacidad financiera y administrativa. Por diseños inadecuados o vacíos legales, las normas laborales no se adaptan a estas realidades y terminan discriminando contra la mano de obra menos calificada".Así, concluye que "estimular el blanqueo de trabajadoras domésticas a través de la reforma del impuesto a las Ganancias y una mayor presión fiscalizadora va en el sentido correcto. Pero es manifiestamente insuficiente. Para potenciar el impacto social de estas medidas hay que acompañarlas con una transformación integral que elimine las discriminaciones".
La AFIP ya empezó a enviar las 150 mil cartas.Desde mediados de la semana pasada comenzaron a distribuirse las 150.000 cartas que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) envió a contribuyentes con ingresos anuales superiores a los 80.000 pesos. En esas cartas el organismo plantea que seguramente el destinatario tiene trabajando en su casa a alguna persona como asistente doméstica. Y le recuerda que debe registrarlo para cumplir con la ley y evitarse conflictos."Tenga o no tenga empresas, usted es el dador de trabajo, y como tal debe tener a sus empleados inscriptos y pagar los aportes y contribuciones que correspondan", comienza el texto de la nota firmada por el titular de la AFIP, Alberto Abad. La carta le recuerda a los contribuyentes que desde el 1º de enero último hay un nuevo régimen que les facilita el "blanqueo" de esos trabajadores y por el que pueden descontar hasta $ 4.020 de sus pagos por el Impuesto a las Ganancias.El grueso de las cartas todavía queda por distribuir desde esta semana. Según revelaron a Clarín fuentes de la AFIP, "en la primera semana la distribución no fue masiva, porque es muy grande el trabajo de impresión y armado de las cartas".De toda la tarea se ocupará el Correo Argentino, que fue contratado por la AFIP para la logística de esta campaña. El correo oficial se encarga no solamente de distribuir las 150.000 cartas, sino también de imprimir los folletos y las copias de los formularios que las acompañan.