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  • 22-11-2005

    Modificación de la ley de riesgos de trabajo

    Economía desplazó a Trabajo para modificar la ley de riesgos de trabajo. Acuerdos y desacuerdos del Gobierno, empresarios y trabajadores.
    Clarín

    En dos semanas, y como anticipó el Ministro Roberto Lavagna, el Gobierno tendría listo un proyecto de reforma de la ley de riesgos del trabajo, un tema que venía negociando el Ministerio de Trabajo. El tema divide la opinión de empresarios y sindicalistas e incluso dentro del propio Gobierno hay opiniones dispares. Los diez puntos principales que están en juego son:

    Corte Suprema.Varios fallos de la Corte declararon la inconstitucionalidad de artículos claves de esa ley, vigente desde 1996, entre ellos el que prohíbe al trabajador accidentado o a sus familiares recurrir a la Justicia (salvo en caso de dolo), el que autoriza el pago de la indemnización en rentas mensuales y el que coloca al sistema bajo la jurisdicción judicial federal. A partir de esos fallos, el núcleo central de la ley quedó impugnado y cualquier reforma debería contemplar la doctrina fijada por el Alto Tribunal.

    Acceso a la Justicia.Hay tres posiciones. La CGT plantea que las indemnizaciones del sistema se tomen a cuenta de lo que determine la Justicia. Trabajo se inclina por la opción excluyente, o sea, el trabajador debe elegir entre cobrar lo que fija el sistema o recurrir a la Justicia del Trabajo. Y los empresarios aceptan la opción excluyente pero con limitaciones y bajo la jurisdicción federal, para lo cual plantean que la Nación y las Provincias firmen un convenio al respecto.

    Responsabilidad Civil.Por la diferencia entre las indemnizaciones que marca el sistema y lo que puede determinar la Justicia, las empresas deberían contar con un seguro de responsabilidad. El anteproyecto de Trabajo permite que las empresas contraten ese seguro. Los empre sarios plantean que esté cubierto por las ART pero éstas lo quieren asumir como un seguro adicional, y no como parte del sistema.

    Indemnizaciones.Todos coinciden en que hoy los montos son muy bajos. El anteproyecto de Trabajo propone elevarlas en base a la fórmula que aplica en la mayoría de los casos la Justicia laboral, más un 20% por daño moral. Y argumenta que será un factor disuasivo al juicio porque el trabajador cobraría más rápido lo que finalmente y después de años, podría determinar la Justicia. Los empresarios no se oponen a subir las indemnizaciones pero quieren garantías que, en promedio, el costo del seguro no superará el 3,5% de los salarios, incluida la responsabilidad civil. Hoy la cuota promedio ronda del 2,2% de los salarios. Trabajo plantea dejar abierta la opción de cobrar la indemnización en forma de renta o pago único, para evitar la objeción de la Corte Suprema.

    Enfermedades.El anteproyecto de Trabajo agrega al listado de enfermedades laborales las hernias, várices y lumbalgia. Y abre el listado para casos puntuales que si se reiteran, quedarían en forma permanente. Los empresarios quieren mantener el actual listado.

    Comisiones médicas.Los sindicatos quieren que los dictámenes de las comisiones médicas puedan ser recurridos ante la justicia laboral. Los empresarios insisten en que actúe la Justicia Federal.

    Comités de seguridad. Los sindicatos quieren que haya comités de seguridad, compuesto por trabajadores y empleadores, como funciona en Chile. Los empresarios se oponen porque consideran que se multiplicarían los delegados gremiales. Trabajo plantea que el delegado sindical integre el comité mixto, para evitar duplicación de funciones.

    Prevención.Los empresarios quieren que las ART tengan responsabilidad por los incumplimientos de las empresas aseguradas. Las ART se oponen. Los sindicatos dicen que la responsabilidad primaria es de los empleadores y solidariamente de las ART.

    Higiene.Trabajo incorpora a la ley las principales normas referidas a seguridad e higiene ya existentes. Los empresarios se oponen porque le daría fuerza de ley a normas reglamentarias.

    Legalidad.El proyecto que finalmente se acuerde sería consultado con especialistas en derecho constitucional y hasta con miembros de la Corte para evitar que nuevamente sea considerado inconstitucional, si no respeta la doctrina fijada en los últimos fallos.

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