LA PLATA. Unos 72.600 empleados públicos de la provincia de Buenos Aires no tienen título secundario habilitante para su trabajo. El ministro de Trabajo, Roberto Moullerón, y la subsecretaria de Gestión Pública, Claudia Bernassa, reconocieron ayer a LA NACION que esos trabajadores administrativos están en situación irregular dentro del Estado.
Para reparar esa infracción a la ley 10.430 exige título secundario como requisito para ingresar en la administración pública, el gobierno provincial educará a los empleados. Lo hará en el horario de trabajo, e incluso podría pagar un incentivo monetario para que terminen sus estudios.
Los 72.600 agentes sin título secundario representan el 41% del total de los 177.000 empleados administrativos de la provincia.
Las estadísticas arrojan, además, otro dato preocupante: unos 5900 trabajadores un 3,3 por ciento del total ni siquiera finalizaron la escuela primaria.
El cálculo difundido por el gobierno no incluye a los trabajadores docentes, que suman 250.000 en un escalafón diferenciado.
El incentivo monetario que el gobierno pagaría por la capacitación sería anual y remunerativo. La cifra, que se negocia con los gremios, todavía no fue acordada.
El sueldo promedio de los empleados bonaerenses es hoy de 850 pesos mensuales. "Existe la posibilidad de que haya un incentivo de dinero, por calcular, para los trabajadores que se capaciten. Esto incluiría a los que terminan el secundario. Pero no sólo a ellos", dijo Bernassa.
"El Estado va a hacer un esfuerzo para que todos puedan finalizar sus estudios. Yo he propuesto pagar un incentivo monetario", precisó el ministro Moullerón.
La administración pública provincial está compuesta por 427.000 trabajadores. De éstos, 250.000 son docentes. Otros 177.000 son empleados administrativos: policías (45.000), agentes penitenciarios (12.000), sanitarios (35.000) y empleados de las distintas reparticiones del Estado.
Los distintos escalafones del personal integran las categorías de servicios, obreros, administrativos, técnicos y profesionales.
El estatuto del personal de la administración pública, regido por la ley 10.430, exige, según el inciso D del artículo 2°, tener título secundario o equivalente al personal administrativo, técnico y profesional.
Sólo están exceptuados de ese requisito quienes se desempeñan en las áreas de servicios y de obreros. La información difundida por el gobierno no establece qué porcentaje de los trabajadores sin título secundario está exento de esta obligación.
Agentes con título
Según datos suministrados por la Subsecretaría de la Gestión Pública provincial, 58.000 empleados tienen título secundario (33% de todo el personal) y sólo alcanzaron el nivel superior 46.000 agentes públicos (26%).
La ley 10.430 exige, además, a los trabajadores públicos ser argentinos nativos -con la excepción de extranjeros con 5 años de residencia-, tener entre 18 y 50 años y no ser infractor de las normas del Estado.
Concursos
A partir de marzo de 2006, los empleados públicos deberán concursar los cargos para avanzar en la carrera administrativa.
El gobierno de Felipe Solá se propuso capacitar a todos sus empleados para revertir las irregularidades en el cumplimiento de las exigencias al personal y situar a todos los agentes en condiciones de ascender en el escalafón.
La subsecretaria de la Gestión Pública, Claudia Bernassa, explicó que antes de iniciar la capacitación a los empleados, el gobierno realizará un censo, junto con los gremios, para identificar a las personas con voluntad de estudiar.
Luego se conformarán grupos tutorados desde el Instituto Provincial para la Administración Pública (IPAP) para que los empleados puedan cursar en forma semipresencial en horarios de trabajo.
"Intentamos reparar situación de hecho para que todos cumplan con requisitos normativos", reconoció Bernassa. Y agregó: "El título secundario será requisito para concursos de jefaturas. Y pretendemos que los empleados estén en igualdad de condiciones para acceder a los concursos por los cargos".
La funcionaria explicó que el gobierno facilitará parte de la carga horaria de la jornada laboral para que los trabajadores puedan terminar sus estudios en los centros de educación de adultos.
"Si los empleados no han terminado su escolaridad fue por una injusticia previa o por una falta de igualdad de oportunidades, no por su propia decisión", consideró Bernassa.
La reforma a la ley 10.430 consensuada con los gremios en las reuniones paritarias establece la convocatoria a concursos para seleccionar al personal que podrá a ascender a los cargos jerárquicos.
El secretario general de ATE, Hugo Godoy, que participa en estas paritarias dijo a LA NACION: "El requisito del título secundario para acceder al concurso se incluyó en la reforma de la ley 10.430, del año 1986. Los trabajadores que ingresaron antes de esa fecha no cumplen con esta legislación. Por eso creemos que la capacitación debe ser en horario de trabajo. Y que corresponde una remuneración".
Agentes en infracción
El 41% de los 177.000 empleados administrativos del Estado bonaerense no tiene título secundario.
Son 72.600 agentes, que están en infracción, dado que la ley 10.430 exige el requisito del título secundario para ingresar en la administración pública.
El cálculo comprende a agentes policiales, penitenciarios, sanitarios y empleados de distintas reparticiones, con excepción del área docente.
Se facilitará parte de la jornada laboral para que los empleados puedan finalizar sus estudios en centros de adultos.
El ministro de Trabajo bonaerense, Roberto Moullerón, propicia que se les pague un adicional por completar sus estudios.
A partir de marzo próximo, los empleados públicos deberán concursar los cargos para avanzar en la carrera administrativa.
El gobierno bonaerense ofrecerá capacitación a los empleados, aunque los cursos se harán en forma voluntaria.
Se formarán cursos semipresenciales con tutorías, que estarán a cargo del Instituto Provincial para la Administración Pública (IPAP).