La 38 Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe concluyó hoy en Mar del Plata con un llamado al cambio de políticas de empleo y de seguridad social de las mujeres. Los asistentes solicitaron además la inclusión del tema de género, en especial, en los debates sobre "creación de empleo y la formulación de políticas laborales", en la próxima Cumbre de las Américas, el 4 y 5 de noviembre.
La reunión, en la que participaron representantes de los 16 países y las organizaciones que forman parte de la Mesa, fue organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y a ella asistió la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la canadiense Louise Arbour. Los participantes pidieron de igual manera la inclusión en la agenda de los gobiernos de la región de la "economía del cuidado", que se refiere a las labores no retributivas de la mujerLa reforma del sistema de pensiones y de seguridad social para las mujeres ha sido uno de los aspectos más relevantes de la reunión, que comenzó el miércoles en Mar del Plata, al sureste de Buenos Aires, donde también se celebrará la Cumbre de las Américas.
En las ponencias se hizo hincapié en la necesidad de "establecer un marco antidiscriminatorio y el reconocimiento del trabajo no remunerado mediante nuevas formas de acceso y financiación de pensiones que combinen componentes público y privado"Desde la CEPAL se pidió la sustitución del "componente asistencial, basado en aportes cuantitativos y no cualitativos" por herramientas que entiendan la cobertura social de la mujer como un elemento necesario para el desarrollo económico. En términos técnicos se propuso la eliminación de las tablas diferenciadas entre hombres y mujeres, que generan discriminación a la hora de calcular, y el establecimiento de las pensiones para las mujeres en base a un sistema único conjunto.
Además, se solicitó que los gobiernos implementen medidas para atacar los problemas derivados de la mayor inestabilidad y temporalidad de las actividades laborales de las mujeres de la región, como la exigencia de menos años para acceder a las pensiones de jubilación. Asimismo, se planteó la necesidad de buscar mecanismos de protección social que permitan a las mujeres que dependen económicamente de su pareja y que quedan desprotegidas en situaciones de divorcio y viudedad, acceder a una fuente de ingresos propios. En las discusiones del último día se analizó la reforma de los sistemas de seguridad social para que su cobertura llegue incluso a aquellas personas que no coticen, desligando así el derecho a la protección pública de una contraprestación económica.
Uno de los temas más destacados fue el de la asunción de la "economía del cuidado" como un aspecto que deben reconocer los gobiernos en términos económicos. Los ponentes consideraron que se debe retribuir el cuidado a hijos, ancianos, enfermos y personas dependientes desde el momento en que es una actividad "socialmente importante" e incluso económicamente cuantificable desde una perspectiva de servicios que pueden ser ofrecidos por el sector privado o público. En la reunión se advirtió del problema de la compatibilidad de la actividad doméstica y profesional de la mujer, y de la necesidad de plantear una "reingeniería del tiempo" con horarios laborales más reducidos para hacer compatibles ambos aspectos.
En el documento final se reitera la importancia del Consenso de México, aprobado en la IX Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, como plataforma para elaborar políticas de género. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Venezuela y Uruguay estuvieron presentes en calidad de miembros de la Comisión, mientras que Antillas Holandesas y Aruba lo hicieron como miembros asociados.
EFE jlp/cw/jss/emr