Noticias de Apinta
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24-08-2005
Usurpación de campos
Se conocieron nuevos casos de delito rural.
Investigan a policías por la usurpación de un campo. Piden que no se filtren datos de los registros.
La NaciónLA PLATA.- El Ministerio de Seguridad bonaerense, por medio de la Auditoría General de Asuntos Internos, investiga la presunta participación de policías en la usurpación de un campo de Guernica, partido de Presidente Perón, denunciada por una mujer en junio último.
El de Ana Buiani es uno de los tres casos investigados por la justicia penal platense -los otros dos ocurrieron en San Vicente y en Coronel Brandsen- y difundidos por LA NACION en su edición de anteayer.
En las últimas horas se conocieron otros dos hechos de esta nueva forma de delito rural. El arrendatario de un campo situado en Poblet, partido de La Plata, Cristian Mendy, denunció que el jueves último logró impedir una usurpación tras enfrentarse con el supuesto intruso, que portaba un arma.
Otro hecho, ocurrido en noviembre de 2004, pero difundido recientemente, fue denunciado por Juan Pedro Lauhle. Según relató, algunas parcelas de las 530 hectáreas del campo -situado en San Vicente, en la intersección de las rutas 6 y 210- fueron vendidas con documentación apócrifa y, luego, usurpadas.
La posibilidad de que existan organizaciones delictivas dedicadas a usurpar tierras para disputar la propiedad o vaciarlas provoca preocupación en el gobierno bonaerense. El tema motivó una reunión entre la procuradora María del Carmen Falbo; el ministro de Asuntos Agrarios, Raúl Rivara, y representantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).
El 9 de junio último, Buiani denunció ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1 que la mitad de las 800 hectáreas de su establecimiento rural fue usurpada por "un grupo de entre 12 y 14 personas, con armas, tres camionetas y dos móviles de la comisaría de Guernica".
El caso fue tratado en la Mesa de prevención del delito rural, coordinada por Roberto Vásquez, subsecretario de Información para la Prevención del delito del Ministerio de Seguridad. Ello derivó en una investigación en el área de Asuntos Internos.
Declaración
Fuentes del Ministerio informaron a LA NACION que, en los próximos días, la máxima autoridad policial que intervino en el procedimiento por el caso de Buiani -un capitán de Guernica cuya identidad no revelaron- deberá presentarse a declarar por el proceso administrativo iniciado.
"No es una declaración en calidad de testigo", aclaró un informante. Pero las investigaciones relacionadas estrictamente con las usurpaciones, que se concretan en el ámbito judicial, avanzan con lentitud.
Un ejemplo es el campo perteneciente a Lauhle que, según la denuncia, permanece usurpado desde hace nueve meses. La causa tramita en la UFI Nº 7 de esta ciudad y la principal traba es que la familia Lauhle debe demostrar en el juicio que las ventas efectuadas ante escribano son nulas.
"El campo pertenecía a mi padre y a mi tío, que fallecieron entre 1997 y 1998. Las supuestas ventas se concretaron varios años después. Nos enteramos en junio de 2004 y por casualidad. Incluso, intentaron venderle el campo a mi tía", relató Lauhle. Y agregó: "En noviembre pasado, desconocidos ingresaron en el campo con animales y aún están allí. Ahora, argumentan que están en dichas tierras desde hace diez años". El intento de usurpación en el campo que alquila Mendy desde 2000 también se investiga en la UFI Nº 7: "En los días previos y en dos oportunidades me cambiaron los candados de la tranquera. Finalmente, el jueves se metieron. Cuando me avisaron, fui hasta allí y tuve que forcejear con un hombre armado. Después, llegó la policía y se retiraron. Hubo un detenido, pero fue liberado más tarde".
Según el denunciante, "Hay muchos indicios de que se trata de una organización delictiva en la que participan hasta escribanos. Por eso -dijo-, voy a presentar una denuncia por asociación ilícita. En las usurpaciones, el Ministerio de Seguridad tiene pocas competencias. Hay que reclamar celeridad a los jueces y fiscales", dijo Vásquez.
Pedro Apaolaza, secretario de Carbap, que participó de una reunión con miembros de la Procuración bonaerense para tratar el tema, expresó: "Entendemos que estamos frente a una nueva modalidad delictiva. Una de las cuestiones que planteamos es que el Estado adopte las medidas necesarias para que no se filtren datos de organismos como Rentas o Catastro".
Por Ximena Linares Calvo
De la Corresponsalía La Plata
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