Noticias de Apinta
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22-08-2005
Inseguridad en el campo bonaerense
Usurpación de tierras, una nueva y temible forma del delito rural.
Hubo tres denuncias desde junio, pero varios jueces se excusaron de intervenir
Un delito controvertido. Hay alerta en la Gobernación.
La NaciónLA PLATA.– La inseguridad que azota a la zona rural de la provincia de Buenos Aires parece haber sumado una nueva y temible modalidad: la Justicia investiga al menos tres casos de presuntas usurpaciones de campos, no exentas de amenazas y violencia, ocurridas en los últimos dos meses en los partidos de San Vicente, Coronel Brandsen y Presidente Perón.
La descripción de los sucesos hecha por cada denunciante coincide: entre 5 y 15 personas llegan cuando el puestero no está, y, si lo encuentran, lo obligan a irse por la fuerza, cambian los candados de las tranqueras y se instalan.
Desde ese momento, usurpados y usurpadores toman las armas para defender lo que dicen que es suyo.
Los denunciantes están convencidos de que las usurpaciones son cometidas por bandas organizadas que hacen inteligencia sobre sus víctimas, conocen los vericuetos legales relacionados con las cuestiones de propiedad y, sobre todo, contarían con protección política o de policías, a tal punto que hay casos en que intervienen agentes uniformados.
“Si no hubiesen venido con la policía, mis peones sacaban a esta gente a los tiros. Pero vienen con la policía y hay que entregarse”, dijo a LA NACION Ana María Buiani, que denunció la usurpación de parte de su establecimiento, La Primavera, de Guernica.
Este tipo de delitos fue el tema excluyente en el último encuentro de la Mesa Agropecuaria Provincial, que reúne a funcionarios y dirigentes rurales. El gobernador Felipe Solá pidió entonces un informe sobre aquellos casos. Eso, pese a que la Dirección de Tierras de la provincia (en una carta de lectores publicada por LA NACION) atribuyó las presuntas usurpaciones a eventuales disputas entre particulares que deben ser dirimidas ante la justicia civil y comercial, aun cuando tres jueces platenses se han excusado de actuar en estos casos.
"En la mañana del 17 de mayo, un señor llamado Arturo Esteve fue al campo con dos policías y le dijo al puestero, Juan Latorre, que debía irse porque iba a tomar posesión. Así empezó una odisea", denunció Ignacio Warnes.
El establecimiento San Ignacio tiene 84 hectáreas y está situado en el camino Las Once Bocas, en Cuartel IV, San Vicente. Warnes denunció en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1 de La Plata, a cargo de la fiscal Ana Medina, que Latorre fue obligado a firmar, en la comisaría 1a. de esa ciudad, una exposición falsa. Latorre -que según la denuncia fue maltratado por los usurpadores- relató: "Me dijeron que venían a hacer un procedimiento y me mostraron un papel; no sé qué decía porque no sé leer".
Warnes agregó que horas después de la supuesta usurpación fue al campo acompañado por amigos. "Nos dispararon desde adentro. Nos fuimos", dijo. Siete días después, la jueza de Garantías platense Marcela Garmendia ordenó el desalojo pedido por la fiscal, y Warnes volvió al campo. "Robaron 360 animales, 40 toneladas de maíz, un tractor y 400 postes de madera. Arrasaron con todo aunque había policías en la tranquera", detalló.
La versión de Esteve es diferente: "No es un campo sino un loteo. La Asociación de Personal de Salud Pública de la provincia, de la cual soy vocal, adquirió más de 100 de los 225 lotes. En diciembre de 2004, después de varias reuniones con Warnes, hicimos un convenio de desalojo que firmó la esposa, presidenta de la sociedad anónima que dice acreditar la tenencia de la tierra. Tomamos posesión de algo que nos pertenece".
Esa asociación está inscripta en la Dirección de Personería Jurídica, pero en la dirección que allí figura, en Lomas de Zamora, vive un particular que asegura no tener nada que ver.
Esteve aclaró: "El puestero no fue maltratado; incluso, le garantizamos el reconocimiento de sus derechos laborales. El robo es una acusación infundada. Había un patrullero que no nos permitía hacer mal uso de nada". Y explicó lo de los disparos del día de la presunta usurpación: "Cuando ya había oscurecido, llegaron varios autos que enfocaron sus luces hacia el campo y hubo gente que saltaba por los alambrados. Mientras llamamos al 911 disparamos al aire".
Ahora el campo es custodiado por personal de seguridad, armado y con chalecos antibala, contratado por Warnes. Mientras, la fiscal investiga si efectivamente hubo un robo y si existe participación policial.
Apelación y excusación
Armando Crespo Furlán denunció un hecho similar en la UFI Nº 2, a cargo de Tomás Morán, por un campo de 600 hectáreas -Lomas de Vizcacheras-, en el kilómetro 85 de la ruta 2, en Coronel Brandsen.
Según dijo, pertenece a la familia Alcuaz, de su esposa, desde principios del siglo pasado. La mujer lo heredó y, cuando la enfermedad que la afectaba se agravó, en mayo último, resolvió cederlo a sus dos hijos.
"Encontramos una deuda en Rentas e ingresamos en una moratoria. Al mismo tiempo, en el campo ocurrieron cosas extrañas, como gente que preguntaba si se vendía y un intento de asalto", relató Crespo Furlán. Tras ese episodio, el puestero y su esposa sólo permanecieron en el campo durante el día.
La noche del 1º de junio pasado, cuando la mujer de Crespo Furlán falleció, diez personas supuestamente armadas entraron con un acta de toma de posesión firmada por un escribano y aún permanecen allí.
La medida cautelar para obtener el desalojo fue rechazada, pues el juez de Garantías Guillermo Atencio consideró: "Hasta ahora no hay verosimilitud en el derecho". "Tengo más de mil animales. Es como si hubiesen ocupado una fábrica en funcionamiento. Estoy desesperado y ya no sé a quién recurrir. Además, temo por la seguridad de mi familia", dijo Crespo Furlán.
En diálogo con LA NACION, el escribano que firmó la toma de posesión, Carlos J. Castro (h.), dijo: "Constaté que la tranquera no tenía candados, que la casa estaba vacía y que en el lugar no había nadie. Si diez minutos antes alguien rompió el candado o si en el fondo del campo tenían maniatado al puestero, yo no puedo saberlo".
La Cámara ratificó la decisión de Atencio, que días atrás se excusó de continuar con el caso. El abogado de Crespo Furlán, Héctor Granillo Fernández, dijo que podría denunciar al escribano por presunta falsedad ideológica de documento público.
Denuncias cruzadas
El 9 de junio Ana María Buiani denunció ante la Justicia la usurpación de la mitad de las 800 hectáreas de su establecimiento, La Primavera (de Guernica, partido de Presidente Perón), donde tiene 500 animales.
"Eran 12 o 14 personas, con escopetas Ithaka, tres camionetas y dos móviles de la comisaría. Para meterse, invocaron la orden verbal de un fiscal", dijo Buiani, quien asegura que el campo pertenece a su familia desde 1909 y que presentó a la Justicia las distintas sucesiones, la escritura y los comprobantes de pago de impuestos.
El 24 de junio, la UFI Nº 1 solicitó ese desalojo pero aún no se concretó, pues no falta la aprobación de un juez de Garantías. Es que existe una causa previa -cerrada por inexistencia de delito- en la que Buiani había sido denunciada como usurpadora, lo que motivó que varios magistrados se declararan incompetentes.
El origen de la denuncia anterior es la compra, por parte de un particular, de un título de posesión que habría resultado falso. La Justicia también investiga una presunta doble registración del inmueble.
Un último caso se sumó el jueves pasado, cuando el propietario de un predio situado en el kilómetro 67,5 de la ruta 2, en Poblet, logró evitar la usurpación de su campo al forcejear y desarmar al sujeto que recorría su terreno con espurias intenciones.
Por Ximena Linares Calvo
De la Corresponsalía La PlataUn delito controvertido
LA PLATA.- El Código Penal establece para la usurpación, en su artículo 181, una pena de prisión de un mes a tres años "para el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes". En los siguientes incisos se agrega: "El que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterase los términos o límites del mismo; el que, con violencia o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble".
Según especialistas en la materia, en el sistema argentino una escritura no es constitutiva del derecho. El ejercicio del derecho se concreta por medio de los distintos modos de poseer. "Es una cuestión controversial. La propiedad no tiene que ver con el delito de usurpación; en este caso, es necesario demostrar la posesión del inmueble. Si alguien no usa la cosa de la que es dueña, cualquiera puede meterse y ejercer actos posesorios", explicó un magistrado.
Alerta en la gobernación
LA PLATA.- Los últimos casos de presuntas usurpaciones de campos encendieron la alarma en el gobierno bonaerense. El ministro de Asuntos Agrarios, Raúl Rivara, admitió a LA NACION que ése fue uno de los temas excluyentes en la reciente reunión de la Mesa Agropecuaria Provincial.
"Hay preocupación, y el gobernador Felipe Solá pidió un informe de los casos. Es un tema que debemos tratar con reserva. Es probable que tengamos una reunión con la Procuración bonaerense", dijo Rivara.
"No tenemos información de que las usurpaciones sean un delito frecuente, pero -a no dudarlo- si hay policías involucrados, serán sancionados", dijo José María Gouin, supervisor operativo del Programa de Lucha contra el Delito en el Campo. Agregó: "Existen cuestiones particulares, como propietarios que no quieren gastar plata en un puestero y dejan el campo solo, o denuncias por usurpación que luego descubrimos que se trata de una complicada trama de sociedades y personas con cuentas pendientes".
Horacio Delguy, presidente del Frente Agropecuario Nacional, sostuvo: "Las usurpaciones son la consecuencia de la inseguridad: la gente se harta de ser asaltada y abandona los campos, que luego son ocupados". La alarma es moneda corriente en las sociedades rurales de la provincia.
"Modelo" de defraudación
LA PLATA.- A pesar de que las autoridades del Registro de la Propiedad bonaerense aseguran haber reforzado en los últimos años la seguridad en el resguardo de la información, aún es fácil obtener datos de inmuebles y sus dueños por vías legales y luego hacer mal uso de ellos.
LA NACION pudo reconstruir, con el auxilio de expertos en la materia, el probable modus operandi de quienes usurpan propiedades para vaciarlas o disputar la propiedad.
Comienza con la búsqueda de una casa con aspecto de deshabitada y preguntas a los vecinos. Sabiendo calle y número, en la Dirección de Catastro se obtiene la nomenclatura catastral, que también figura en las boletas de impuestos municipales.
Con ese dato, ya se puede acceder, en el Registro de la Propiedad, a un certificado de dominio o un índice de titularidad, que permitirá saber quién es el último propietario, su DNI y cuántos bienes posee.
Son todos trámites que puede hacer un abogado, gestor o escribano sin saber para qué los necesita su cliente. Con esos datos, en la Dirección de Rentas, por Internet, es posible averiguar si la propiedad en cuestión registra alguna deuda. Entonces, a los delincuentes sólo les queda concretar la usurpación, inicio de un complicado y largo proceso legal.
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