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Noticias de Apinta

  • 28-06-2005

    Peligra la exposición rural

    Crece la controversia: recusan a un magistrado Peligra la exposición rural de Palermo
    Es por la clausura del predio.Se discute si una habilitación "en trámite" es suficiente para poder funcionar en la ciudad
    Un emprendimiento que afronta problemas legales desde sus comienzos donde se monta la muestra; apelan la medida y piden apartar al juez; estudian el juicio político

    La Nación

    La realización de la próxima edición de la exposición rural de Palermo está en peligro, según admitió el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens, tras la clausura del predio dispuesta por un juez contencioso administrativo de la Ciudad que entendió que el lugar no está habilitado correctamente.

    Está previsto que la muestra comience el 23 del mes próximo, pero los trabajos de armado deben iniciarse en diez días, según dijo a LA NACIÓN Guillermo Coldesina, director general del Predio Ferial de Buenos Aires, donde se realiza la exposición rural. Esas tareas incluyen el ingreso de los animales que participarán del emprendimiento agroganadero anual.

    Por lo pronto, la empresa que administra el predio ya debió contratar los salones de un hotel de Retiro para un congreso de cardiólogos que debía realizarse hoy en la Rural y decidió alquilar otros espacios en un hotel céntrico para otro evento previsto para mañana.

    El juez en lo contencioso administrativo de la Ciudad Roberto Gallardo clausuró el predio el sábado último al entender que no estaba habilitado en forma definitiva y que las normas exigen ese trámite para que funcione un centro como el de la Rural.

    El juez Gallardo dijo ayer a LA NACION que el lugar puede ser reabierto cuando haya una orden judicial que así lo disponga, y que esto sucederá cuando el gobierno de la ciudad le informe que está habilitado en forma definitiva.

    "Si pongo una verdulería, puedo abrirla con una habilitación en trámite, pero un negocio de estas características tiene que tener la habilitación definitiva, lo que está previsto en el Código de Habilitaciones", dijo el magistrado.

    Pero en el gobierno de la ciudad piensan lo contrario: la procuradora, Alejandra Tadei, dijo a LA NACION que "la habilitación del predio está en trámite, pero, dada la actividad, que es centro de exposiciones, el funcionamiento está autorizado con la mera autorización del trámite de habilitación. Así lo permite el Código de Habilitaciones".

    El texto de la norma ahora en discusión sostiene que deberán funcionar con habilitación definitiva los siguientes rubros: locales de espectáculos y diversiones públicas, clubes, servicio de hotelería en general, albergues transitorios, guarderías (incluidos preescolares), sanatorios, geriátricos, clínicas o institutos de rehabilitación, velatorios, estaciones de servicio, industrias que requieran contar con secciones independientes para la realización de trabajos de chapistería y pintura con máquina pulverizadora, locales de venta y distribución de garrafas, industrias emplazadas en zonas ferroviarias, compra y venta de metales preciosos, salones de belleza y casas de baños, sauna y masajes, en la medida en que cuenten con uno o más gabinetes o recintos individuales de tratamientos.

    "Los derechos de terceros, que son los expositores, me parecen muy válidos, pero hay un tema que es la seguridad. ¿Si no hay una habilitación definitiva, quién se hace responsable de la integridad física de los que visitan la muestra?, se preguntó Gallardo.

    Los afectados por la medida desplegaron una batería de armas legales para levantar la clausura. La Sociedad Rural y el Predio Ferial recurrieron el fallo de Gallardo para que sea la Cámara de Apelaciones la que resuelva si corresponde mantener la clausura o levantarla. Además, ambos recusaron al juez al entender que es enemigo del gobierno porteño, lo que le hace perder imparcialidad y afecta sus derechos como terceros.

    Gallardo es el mismo juez que cerró escuelas por estar en mal estado, intimó al gobierno porteño a clausurar el Casino Flotante y frenó el trámite de designación de los directores de hospitales públicos.

    En otras ocasiones, Gallardo fue recusado con el mismo argumento, que fue rechazado por la Cámara de Apelaciones. Ahora el juez nuevamente recusado se desprenderá del sumario que por sorteo recaerá en manos de otro magistrado que puede revisar la clausura.

    De hecho Tadei, por el gobierno de la ciudad, dijo anoche a LA NACION que solicitará una revocatoria del fallo y que hoy presentará un informe sobre "cómo la ciudad ejerció el poder de policía desde 1980 en el predio ocupado por la Rural".

    Agregó: "Estamos estudiando pedir el juicio político de Gallardo. El jefe de gobierno (por Aníbal Ibarra) es respetuoso de la independencia de poderes, pero este juez ya resolvió varios disparates".

    Más allá de este problema administrativo, sobre el predio ferial pesan otros problemas judiciales de índole penal: un juzgado federal investiga la supuesta compra fraudulenta del lugar efectuada durante la presidencia de Carlos Menem y la gestión de Carlos Grosso como intendente. Además, un juzgado de instrucción investiga las obras construidas allí y un crédito del Bapro para financiarlas.

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