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A manos de la ministra Felisa Miceli llegó ayer una osada propuesta para regular el mercado del trigo. De ser aprobada, los grandes exportadores agrícolas deberían comprar toda la cosecha del cereal, de unas 13,5 millones de toneladas, y luego vender más barato a los molinos el trigo que necesitan para atender el mercado interno, unas 5,5 millones de toneladas. Así, sería la exportación la que "subsidiaría" a la industria local, sin necesidad de una intervención directa del Gobierno, para evitar subas en la harina y el pan.
La iniciativa fue elaborada por la Secretaría de Agricultura y tiene el apoyo de las entidades del campo, en especial de Confedera ciones Rurales Argentinas (CRA). También fue estudiada por la Federación Agraria que ayer se reunió con Miceli. Sucede que a diferencia de lo que pasó con la carne, esta vez los productores piden que el Gobierno actúe, debido a que hoy cobran por el trigo $ 360 por tonelada, cuando por el precio internacional deberían cobrar $ 500.
Fuentes cercanas a Miceli indicaron a Clarín que la decisión del Gobierno es actuar en defensa de los productores, para evitar que otros sectores se apropien de la diferencia entre los precios externos e internos del cereal. En los hechos, esta decisión implicaría una desautorización a la estrategia seguida por Guillermo Moreno, el secretario de Comercio. En el sector es vox populi que el funcionario llamó a las cerealeras exigiendo que no paguen más por el trigo disponible.
Ayer, tras la audiencia con la Federación Agraria, la titular de Economía concluyó una ronda de reuniones con las entidades del agro. Las quejas por el trigo fueron recurrentes. De allí que altas fuentes de Economía aceptaran la necesidad de un mecanismo que traslade a los productores la suba mundial del cereal, pero sin poner bajo amenaza los precios del pan y otros alimentos.
"Deberá establecerse un precio mix" que deje conformes a todos, dijeron muy cerca de Miceli. En ese sentido, la propuesta contempla que los exportadores adquieran el trigo a un valor cercano al internacional, y que luego vendan el 40% de la cosecha que requiere la molinería a un precio cercano al actual. La lógica oficial señala que el problema no es de abastecimiento (sobran 8 millones de toneladas de trigo para exportar), sino cómo se reparten las divisas que generan esos embarques. Los exportadores se han mostrado dispuestos a negociar, temerosos de que puedan aplicarles una veda, como ya se utilizó para la carne.