El Mundo del Trabajo
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30-09-2005
Un mundo pensado para todos. Discapacidad no es impedimento
Plenos derechos, salud e inserción laboral deben dejar de ser una utopía. Así la discapacidad no será sinónimo de impedimento
En marzo de 2003, en el Congreso Europeo de Personas con Discapacidad de Madrid, más de 600 participantes elaboraron una declaración en la que plasmaban su visión sobre el tema y la necesaria toma de conciencia de los derechos de más de 50 millones de europeos con discapacidad.
La que se conoció como Declaración de Madrid -abrió las actividades de 2003 como el Año Europeo de las Personas con Discapacidad- se desarrollaba según la siguiente fórmula matemática, llena de belleza y concisión: "No discriminación más acción positiva es igual a inclusión social".
Pero este cambio de actitud de las sociedades con respecto a comprender, enfrentar y tratar de solucionar los problemas de las personas con discapacidad, este enfoque distinto y radical, ha llevado tiempo y muchísimo esfuerzo. Sólo a partir de 1960 puede hablarse de una naciente comprensión de sus dificultades para integrarse en comunidades que las excluyen, incapaces de aceptarlas con sus limitaciones y secuelas físicas, intelectuales, sensoriales; e incapaces también de comprender que la discapacidad de un individuo es la suma de barreras físicas, económicas y sociales que le son impuestas por el mismo ambiente en el que vive, una condición que puede ser permanente o temporaria y que, también, puede ocurrirle en cualquier momento a otro miembro de esa misma sociedad.
Disfrutar de las mismas clases de derechos humanos -civiles, políticos, sociales, económicos y culturales-, decidir sobre sus propias vidas, trabajar y modificar la sociedad para que incluya a todos, son nuevos conceptos de los cuales el sistema educativo y los medios de comunicación han sido y son los más eficaces difusores. Decimos el sistema educativo, porque en la integración encuentra la manera de disipar miedos, mitos y conceptos erróneos sobre la discapacidad, al tiempo que logra el desarrollo personal y la inserción social. Y los medios, porque como lo reconoció en junio último el documento del Banco Mundial (BM) Manual de Desarrollo inclusivo para los medios y profesionales de la comunicación, de Río de Janeiro, cumplen una tarea fundamental al enseñar a no discriminar y a comprender, tanto en el ámbito comunitario como en el gubernamental, que no existen categorías estáticas de excluidos y de incluidos.
Según informes de las Naciones Unidas, una de cada diez personas tiene una deficiencia física, cognitiva o sensorial, y hay en el mundo por lo menos 600 millones de personas con discapacidad, de los cuales 400 millones están en los países en vías de desarrollo. En la Argentina, se calcula que hay alrededor de 2.200.000 personas con discapacidad, que representan el 7,1 por ciento de la población total del país.
De cómo viven estas personas, cómo el Estado legisla para ellas y les brinda -o no- una salida laboral, y cómo la sociedad argentina toma conciencia del lugar que ocupan trata este suplemento que hoy entrega LA NACION a sus lectores.
No sólo podrán informarse sobre todas las posibilidades e imposibilidades que experimentan nuestros conciudadanos y sus familias, sino que también podrán entender, por lo que se desprende de los distintos testimonios y ejemplos, que cuanto más flexible es el mundo en el que vivimos, y está diseñado para todas las personas, toda la sociedad en su conjunto se beneficia.
Por Graciela Melgarejo
Integrar: es el desafío social frente a la diversidad
El valioso trabajo cotidiano de las organizaciones no alcanza para mitigar el desconocimiento generalizado del problema. Hacen falta políticas que terminen con la marginación de quienes tienen otras necesidades
Si pusiéramos una gran lupa para conocer la situación de las personas con discapacidad en cada una de las provincias de nuestro país, la imagen nos devolvería realidades con algunos rasgos en común: víctimas de discriminación, violación de sus derechos, desempleo, pobreza y exclusión.Afortunadamente, aunque en una escala mucho menor, se observarían aspectos positivos como experiencias de inclusión, equiparación de oportunidades, accesibilidad y respeto por este sector de la sociedad.
Actualmente en la Argentina se dispone (luego de interminables años de espera) de datos oficiales sobre esta población.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDI) 2002/2003, complementaria del Censo 2001 del Indec, muestran que 2.176.123 personas tienen al menos una discapacidad, y que representan el 7,1% de la población total.
En realidad son más, ya que la encuesta se hizo sólo en conglomerados urbanos de más de 5000 habitantes.
Este relevamiento "constituye la primera experiencia de este tipo en el país", dijo el director nacional de Estadísticas Sociales y de Población, Enrique Amadasi.
El valor de los números
"Hay una tendencia internacional por mejorar cada vez más las estadísticas de las personas con discapacidad -agregó-, y seguramente nosotros también debemos seguir ese camino. Por ejemplo, dentro de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas hay un programa específico sobre estadística de la discapacidad. El Indec sigue esas recomendaciones y lidera en lo que hace a censos y encuestas en esta materia."
El ENDI también establece que uno de cada cinco hogares alberga una persona discapacitada, cifra que expresa más claramente la magnitud de la situación en nuestro país.
La encuesta, que aporta información tanto sobre el total de la Argentina como sobre sus regiones, permite conocer mejor el escenario propio y así convertirse en una herramienta para diseñar políticas públicas eficaces.
Como dice la socióloga Liliana Pantano, investigadora del Conicet: "Los datos estadísticos, si bien reflejan una realidad descriptiva por indicadores demográficos, son un medio y no un fin en sí mismos y deben ser leídos con auténtica decisión política, para buscar las verdaderas certezas detrás de las cifras: la discapacidad afecta a la persona, la familia y la comunidad".
Construcción compartida
Los niveles del Estado deben producir políticas públicas que contribuyan a la integración de las personas con discapacidad en los diversos aspectos de la sociedad.
Sin embargo, según un estudio reciente realizado por la Fundación Par, organización que promueve laboralmente a personas con discapacidad motora o sensorial, la realidad de nuestro país está lejos de cumplir con este objetivo indelegable.
Marina Klemensiewicz, directora de Comunicación y Desarrollo de esta organización, expresó que las principales conclusiones de la investigación manifiestan que el Estado debe instalar el tema en la agenda pública y tener una mayor presencia por medio de la promoción de políticas públicas proactivas.
Con objeto de ser un verdadero aporte, este estudio -que confirma que uno de los grupos históricamente marginados en las sociedades es el que constituye las personas con discapacidad- contiene, además, propuestas concretas para mejorar la calidad de vida de este sector de la población y sus familias.
Todas sugerencias que tienen como base el diseño de estrategias de manera transversal a todas las áreas de acción, y no por compartimientos estancos que suelen ser ineficientes.
Por su parte, Hugo Fiamberti, secretario de la Asociación para la Defensa del Discapacitado y el Usuario de Salud, destacó: "Es fundamental que la sociedad civil en su conjunto participe y se comprometa en la construcción de esas políticas".
Evidentemente, se habla mucho de la discapacidad, pero no se hace lo suficiente.
Es necesario generar una mayor conciencia por parte de la población en general acerca de la importancia de la no discriminación y de la generación de iguales oportunidades para todos, con la conciencia puesta en el respeto a la diversidad.
Alejandra Noseda
Falta el cumplimiento estricto de las leyes
Uno de los puntos más negativos que se percibe rápidamente cuando se analiza la situación en nuestro país es la falta de cumplimiento de las leyes sobre discapacidad.
"Mientras no se produzca un paulatino pero profundo cambio cultural -decisión política de todos los sectores-, la situación seguirá siendo la misma de hoy, aunque se perfeccione la legislación", establece el informe de Par.
Por citar un ejemplo, se menciona el transporte público colectivo de pasajeros en el área metropolitana de Buenos Aires.
Según lo previsto, hoy ya debería haber casi un 60% de transporte público accesible a los discapacitados y sólo existe en alrededor de un 14%, lo que muestra la brecha entre lo planeado y la realidad.
También preocupa el hecho de que el 40% de las personas con discapacidad carece de cobertura social, y que el estudio de diagnóstico revela que existe una disminución de la participación directa del Estado en las intervenciones de rehabilitación: antes de 1971, las instituciones públicas dedicadas a este tema constituían el 54%, entre 1971-1990 representaban el 41,3%, y en 1991, 23%. Para esa misma fecha, las organizaciones privadas constituían el 60 por ciento.
Legislación. El marco legal en la República Argentina
Existen en la Argentina normas de diversa jerarquía en torno de la protección de las personas con discapacidad. La ley nacional 22.431 instituye un sistema de protección integral para discapacitados y les asegura atención médica, educación y seguridad social, mientras que la ley nacional 24.901 enumera las prestaciones básicas que el Estado debe asegurarles, como la prevención, la rehabilitación, las actividades terapéutico-educativas y asistenciales.
Quienes necesiten disponer de dichas prestaciones deben presentar el Certificado Unico de Discapacidad.
Para certificar su condición, quien lo requiera debe acercarse a Ramsay 2250, de lunes a viernes, de 8.30 a 14 (4783-9527/8144/9077, interno 36).
La ley establece no sólo el sistema de atención y rehabilitación, sino que también determina quiénes están obligados a financiar la cobertura. "Pone en cabeza de las obras sociales el financiamiento de las prestaciones que de ellas surgen. No olvidemos que las empresas de medicina prepaga se encuentran obligadas a la misma amplitud de cobertura que las obras sociales", comenta la doctora Marcela Gaba, jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Servicio Nacional de Rehabilitación.
En este punto, la aplicación de la ley se torna crítica, puesto que en numerosas ocasiones no se cumple. "Es frecuente que nuestro servicio reciba acciones de amparo porque afiliados a obras sociales o empresas de medicina prepaga no reciben la prestación. Entonces demandan a los prestadores y al Estado. Esto, cabe mencionar, ha aumentado con la profundización de la crisis económica", concluyó Gaba.
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