Centenares de trabajadores australianos se oponen a la promulgación de leyes antisindicales
Bruselas, 1 de julio de 2005. Más de 250.000 personas participaron en las protestas públicas de los últimos dos días contra los planes del gobierno federal conservador de Australia de revocar la protección de despidos injustos de que goza la mayoría de los trabajadores, de imponer serias restricciones a los derechos de sindicación y de negociación colectiva, de procurar que los trabajadores tengan que hacer contratos de empleo individuales y de debilitar los mecanismos para la estipulación de los salarios mínimos.
Unas 100.000 personas participaron en concentraciones que se llevaron a cabo hoy en todo el estado de Nueva Gales del Sur, después de la manifestación de ayer en Melbourne donde hubo 100.000 personas y de diversas protestas en localidades de todo el país donde también hubo decenas de miles de asistentes.
“Lo que está en juego es si se tratará o no a los trabajadores y trabajadoras como si fueran mercancías. El principio internacional estipula que ningún trabajador ha de ser tratado como una mercancía”, dijo Sharan Burrow en Perth, donde una concentración congregó a unas 20.000 personas. Burrow es la Presidenta de la central sindical australiana (Australian Council of Trade Unions - ACTU) y de la CIOSL.
En su reunión de la semana pasada, el Comité Ejecutivo de la CIOSL prometió generar respaldo internacional para la campaña sindical australiana, reconociendo que si se ponen en vigencia las leyes que propuso el Primer Ministro John Howard, Australia se ubicaría en el último escalón de la OCDE en lo referente a derechos y protecciones para su fuerza laboral. Se presentará el caso ante la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, organismo que ya ha criticado las medidas antisindicales tomadas por el gobierno de Howard.
La central sindical ACTU también está llevando a cabo una amplia campaña publicitaria para hacer tomar conciencia de todas las repercusiones que tendrían los planes gubernamentales y agrupaciones comunitarias y religiosas de todo el país han manifestado grave preocupación por la perspectiva de que bajen los salarios y de que disminuya aún más la protección para los trabajadores, especialmente para los más vulnerables y peor remunerados.
“El respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores y los beneficios sociales y económicos que se derivan de ello son las piedras fundamentales sobre las que cualquier país debe asentar su economía. Sumarse a la carrera hacia abajo no hará sino perjudicar la posición de Australia en la economía mundial y dañará seriamente su reputación internacional”, dijo Guy Ryder, Secretario General de la CIOSL.