El Gobierno tiene listo el proyecto de movilidad de las jubilaciones estatales. Sólo estaría esperando el "momento político" más oportuno para difundirlo y enviarlo al Congreso, confiaron a Clarín fuentes de la Casa Rosada y legisladores del oficialismo.

El texto -según pudo saber este diario- plantearía que los haberes jubilatorios se ajustarán por un índice que combinará la variación de los salarios y de la recaudación previsional. Se habría dejado de lado un criterio inicial de utilizar el índice de salarios con el de la inflación por los cuestionamientos que existe sobre las cifras de precios del INDEC.

El ajuste comprende a casi 4,6 millones de jubilados y pensionados a quienes se les viene ajustando sus haberes por decreto o ley del Congreso, sin relación con el costo de vida o los salarios. Por ejemplo, este año el Gobierno dispuso una suba del 7,5% en marzo y otro 7,5% a partir de julio, muy por debajo de los aumentos salariales acordados en las paritarias (entre 20 y 32% escalonado) y también muy inferior a la inflación real (25%).

Otro indicio de que el Gobierno tiene decidido enviar el proyecto al Congreso lo dio Consejero Técnico Principal para América Latina de la OIT (Oficina Internacional del Trabajo), Alejandro Bonilla García.

En Buenos Aires, y luego de reunirse con los más altos de funcionarios del Ministerio de Trabajo, Bonilla le dijo a Clarín que "la Argentina se comprometió a ratificar el convenio de OIT de movilidad jubilatoria. El Convenio 102 acordado por todos los países en la Conferencia Internacional, plantea que el haber jubilatorio inicial tiene que tener una relación con los ingresos de los trabajadores y de ahí en adelante deben ser móviles en función ya sea de la suba de salarios o del índice de precios o una combinación de ambos".

-¿Qué implicaría para los jubilados que la Argentina ratifique ese convenio?, preguntó Clarín.

-Que lo tiene que aplicar en el país. A partir de la fecha en que ratifica el convenio, tiene un año para ponerlo en práctica. Y a partir de ratificarlo ya queda como un compromiso del que tiene que rendir informes a la OIT y a su comisión de expertos cada año", respondió Bonilla.

La decisión de enviar el proyecto al Congreso se aceleró en los últimos días por el incremento de los reclamos judiciales de los jubilados. Tras el fallo de la Corte Suprema en el caso Badaro -que ordenó ajustar los haberes entre enero de 2002 y diciembre de 2006 un 88,6%, según la evolución del índice de salarios- se produjo una catarata de juicios.

Por su parte, tanto los jueces de primera instancia como la Cámara de Seguridad Social vienen aplicando en sus sentencias la doctrina Badaro. A esto se agregó que la Sala II de la Seguridad Social estableció que la movilidad por la evolución de los salarios debe ser "permanente" para que los jubilados que ya tuvieron fallos favorables no tengan que hacer un nuevo juicio.

A su vez, la Defensoría del Pueblo presentó un recurso colectivo para que todos los jubilados reciban el ajuste Badaro, hayan hecho o no el reclamo judicial. Hay 1.100.000 jubilados que recibieron aumentos inferiores al fijado por la Corte Suprema.
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El sistema privado y las cifras del INDEC
En la jubilación privada no hay ningún tipo de movilidad de haberes. Sólo hay ajustes basados en los rendimientos que logran las AFJP, que a veces pueden ser positivos o negativos. ¿Cómo se resuelve el compromiso de movilidad con la jubilación privada?, le preguntó Clarín al Consejero Técnico Principal para América Latina de la OIT (Oficina Internacional del Trabajo), Alejandro Bonilla García

"El sistema privado no cumple la norma de la OIT. Ahí hay un desafío técnico financiero. Una variante sería crear un Fondo que compense los desvíos del haber privado respecto de lo que surja del índice de movilidad que se elija para la jubilación estatal", respondió.

En Argentina hay una crisis de credibilidad sobre los datos de inflación que publica el INDEC ¿Sería posible fijar una movilidad sobre índices no creíbles?

-Tiene que haber una credibilidad y una confianza por empleadores, trabajadores y gobierno en que obviamente los indicadores tanto de precios como de salarios son los correctos. De lo contrario, vincular un compromiso del Estado a nivel internacional a algo que no goza de la confianza de las partes resultaría muy arriesgado.

-Pero el Gobierno dice que el INDEC ahora mide bien. Y muchos empresarios, sindicalistas y técnicos aseguran que los datos no son creíbles.

-El proceso de ratificación de un convenio (como el acordado con la OIT) es una oportunidad para hacer los ajustes necesarios. Argentina enfrenta el reto de encontrar la fórmula de ajuste combinando precios y salarios que más se adecua a su modelo de desarrollo. Y tendría que hacer ajustes internos también para que sus indicadores de precios y salarios cuenten con la credibilidad necesaria.