Con el punto final para el sistema de jubilaciones privadas vigente desde hace doce años, si tiene éxito en el Congreso, el Gobierno prevé profundos cambios en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). Su titular, Amado Boudou, aseguró hoy que el organismo "va a tener que redactar un nuevo reglamento de fondo" para bajar el límite de fondos que se pueden prestar al Estado.

Boudou aseguró que "va a haber limitación" para préstamos al Estado y que los 15 mil millones de pesos que se trasladarán desde las AFJP hacia el ANSeS se utilizarán en parte para realizar un Fondo de Garantía "y se verá qué inversiones y qué activos va a ir aplicando".

En declaraciones a radio Mitre, el funcionario insistió en que la estatización de las administradoras privadas de jubilaciones se adoptó para dar "tranquilidad a jubilados y futuros jubilados" en medio de las turbulencias financieras mundiales.

"Va a haber limitación", aseguró el funcionario cuando se lo consultó sobre cómo utilizará el Estado los fondos, y señaló que "habrá que redactar un nuevo reglamento de fondo, porque el límite deberá ir bajando".

Ayer, en un acto que mostró al kirchnerismo en pleno en una carpa montada en la ANSeS, la presidenta Cristina Kirchner presentó el proyecto de ley que elimina la jubilación privada y que entrará en vigencia a partir del 1° de enero.

El traspaso del sistema privado al estatal será automático. La Presidenta caracterizó a la iniciativa de "estructural y estratégica" y remarcó que "se da en un contexto internacional en donde los principales estados están adoptando una política de protección hacia bancos; mientras, nosotros protegemos a jubilados y trabajadores", apuntó. 

La movida al Estado de 95 mil millones de pesos que manejaban las AFJP y de 15 mil millones de pesos anuales, permitió a la Presidenta decir que sabe "que va a haber muchas presiones, porque son pocos los intereses pero grandes los dividendos".

La iniciativa deberá contar con la aprobación del Congreso, donde se espera un duro debate. La Coalición Cívica y PRO ya anticiparon su rechazo tajante. El Gobierno confía en sumar voluntades del radicalismo y del socialismo para garantizarse los votos necesarios.