El empleo de los argentinos es la preocupación central del Gobierno del presidente Kirchner. Creemos que es el principal integrador de una sociedad, el mecanismo más importante de redistribución del ingreso y de dinamización de la economía, y la herramienta más eficaz de lucha contra la pobreza. Un país más justo y más democrático es, definitivamente, un país con más y mejores empleos.

En medio de una crisis que no podemos todavía dar por superada, el empleo creció en forma ininterrumpida durante todos los meses de nuestro gobierno, creándose más de 3 millones de puestos de trabajo. Este es el período más prolongado de crecimiento del empleo que la Argentina conoce desde hace más de 25 años. La tasa de desempleo bajó del 20,4%, porcentaje en que estaba cuando asumimos el Gobierno, al actual valor del 8,7%. Este crecimiento del empleo estuvo liderado por el sector industrial, cuyos puestos de trabajo exigen calificaciones técnicas y profesionales, y comenzó por el interior del país.

También incrementamos el salario mínimo vital y móvil que estaba en $200 para fijarlo en $800. Esta decisión fue elaborada a través del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, mecanismo de consenso entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores, que estuvo paralizado durante más de diez años. Elevamos el piso mínimo de las pensiones y jubilaciones en 11 oportunidades e incrementamos en dos oportunidades todas las escalas. También se aumentaron las asignaciones familiares y se subió el tope para recibir este beneficio.

Las políticas activas en materia de salarios marcaron una nueva etapa en el desarrollo de la negociación colectiva. Los incrementos salariales otorgados durante este gobierno dinamizaron la negociación: 750 convenios colectivos en 2005 y alrededor de 1.000 en 2006, que beneficiaron a más de un millón y medio de trabajadores, y permitieron actualizar sus salarios y reabrir nuevas materias de negociación como el tiempo de trabajo, la capacitación laboral, la seguridad y la salud. Estamos llevando adelante una activa política de mediación y prevención de conflictos laborales para que ninguna oportunidad de diálogo y búsqueda de acuerdo entre las partes se deje de lado antes de ser agotada. El conflicto laboral es un fenómeno propio de un país normal que ha retomado la senda del crecimiento y forma parte de una discusión impostergable: qué estructura de distribución de la riqueza queremos para nuestro país.

Toda persona de bien reconoce la situación en que nos encontrábamos. El punto de partida fue demasiado doloroso y no permite triunfalismos de ningún tipo. La cantidad de trabajadores desocupados, la tasa de trabajo ilegal, los ingresos que percibe una importante proporción de nuestros hogares, los déficit de capacitación y de protección social, son indicadores que todavía nos alertan sobre la magnitud del sufrimiento y la exclusión de millones de argentinos.

Pero la mayoría de los argentinos hemos sido capaces -contra los pronósticos y las críticas de los profetas de la ortodoxia y el pensamiento único- de revertir las tendencias que nos llevaron a la situación que ahora comenzamos a superar. Hemos sido capaces de instalar nuevas pautas de funcionamiento en la dinámica del empleo, que deberemos proteger y consolidar. Que nadie lo dude ni por un momento. Vamos a defender y reforzar el camino del crecimiento con creación de empleo decente y distribución del ingreso en cada una de las decisiones que debamos tomar.

Pero para lograr esto, estamos construyendo un Estado presente, dinámico y con iniciativa política, que propone que el equilibrio debe ser el contexto para la negociación, cualesquiera sean los protagonistas. En definitiva apuntamos a modernizar las relaciones laborales con el pleno funcionamiento de la negociación colectiva y con la implementación de un sistema de inspecciones laborales eficiente que proteja a los trabajadores y recupere la igualdad entre los empresarios, ayudando a eliminar la competencia desleal.

Al mismo tiempo debemos recuperar la cultura del trabajo y cambiar la cultura del incumplimiento. Más ocupados, más trabajadores regularizados que cuenten con toda la protección social, favorecen la reconstrucción de una cultura del trabajo. A pesar de que todavía hay muchos empleadores que contratan en negro, la tendencia muestra que crece el trabajo decente. El empresario debe regularizar a sus trabajadores, invertir productivamente e incorporar tecnologías, y abandonar la idea de ajustar los costos laborales mediante la baja salarial y la precarización de los puestos de trabajo.

Desde el lanzamiento del Plan Nacional de Regularización del Trabajo hemos inspeccionado más de 300.000 empresas y fiscalizado la situación de más de 1 millón de trabajadores de todo el país. Hemos aunado esfuerzos y firmado acuerdos con las administraciones provinciales del trabajo para implementar planes y operativos conjuntos de inspección. También hemos acordado con ellas coordinar acciones para erradicar el trabajo infantil. El trabajo no registrado es trabajo ilegal y el Estado debe estar presente para garantizar los derechos fundamentales a quienes son cotidianamente despojados de ellos. Pero también es imprescindible la participación y compromiso de los actores sociales -sindicatos y cámaras empresarias- que están siendo convocados para sumarse a esta tarea, que implica un cambio cualitativo en la ¨cultura de la evasión¨.

Pero todo esto sólo fue posible por la reaparición y puesta en práctica de una actitud que fue despreciada durante mucho tiempo: la voluntad política. El presidente Kirchner y el Gobierno han demostrado que la voluntad política puede convivir e influir sobre el mercado como una variable orientadora. Luego de varias décadas en que toda problemática laboral quedó subordinada a la economía, ya era hora de reubicarla en el lugar central que jamás debió haber abandonado.