La responsabilidad social exige la convergencia de las estrategias de los grupos empresariales y las políticas sociales, dice el autor. Y asegura que es necesaria la incorporación activa de los empresarios para, por ejemplo, transferir conocimientos técnicos para ayudar a los emprendedores y promover el desarrollo productivo con inclusión social. Por Daniel Arroyo, secretario  de  POLITICAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO

En los últimos años se registró una notable mejora en términos de indicadores económicos en el país. El aumento del producto bruto interno a tasas del 9% anual, el crecimiento económico sostenido y el superávit fiscal dan cuenta de esta transformación. A la vez, los índices de desocupación, pobreza e indigencia bajaron sustantivamente, luego de la crisis de 2001. De todos modos, aún hoy un tres de cada diez argentinos viven en situación de pobreza. Durante los 90, la condición social de muchos trabajadores empeoró progresivamente y todavía están descapitalizados. De este vasto sector, una parte interactúa en el mercado, pero de manera muy poco satisfactoria.

Es el caso de quienes se dedican a oficios como gasista, plomero o carpintero o realizan pequeñas changas de manera intermitente: todos encuentran serios obstáculos para insertarse en el mercado laboral formal.

La capacidad y fortaleza que recuperó el Estado presentan una buena oportunidad para repensar qué tipo de desarrollo se quiere implementar. La pobreza es multidimensional e implica una infinidad de cuestiones, pero para que haya menos pobres tiene que haber más capital económico para los sectores de menores ingresos. Por eso, las políticas sociales están orientadas a la generación de una nueva idea de desarrollo que, a través de la promoción del trabajo y la producción, impulse la redistribución de la riqueza.

Así, se impone profundizar la discusión acerca de qué significa el concepto de desarrollo en términos integrales. Para ello debemos identificar cuáles son las actividades que además de promover inversiones y movimiento del PBI, generan trabajo, buenos ingresos y mejor calidad de vida para los hoy excluidos del mercado laboral: los jóvenes, las madres jefas de hogar y los que quedaron sin empleo hace más de 5 años.

Es decir, detectar cadenas productivas —por ejemplo, el turismo y la metalmecánica— que promuevan una integración vertical, incorporando a estos sectores.

En el ámbito de las políticas sociales, el Estado debe definir los grandes lineamientos y promover la complementariedad, la interrelación y la articulación de los diferentes actores involucrados. En este marco, el empresariado cumple un papel fundamental, ya que puede actuar como motor del desarrollo si se logra, por ejemplo, profundizar su participación en las cadenas productivas con los emprendedores, en la asistencia técnica, en la inversión productiva y en la conformación de valor agregado en estas actividades económicas.

Compromiso y convergencia.La responsabilidad social exige la convergencia de las estrategias de los grupos empresariales y las políticas sociales. Esto implica la incorporación activa de este sector para potenciar y fortalecer las iniciativas que surgen de la economía social, es decir, no sólo con el objetivo de mejorar esta situación de forma filantrópica (donaciones, por ejemplo) sino de promover el desarrollo productivo con inclusión social.

El rol central de las compañías debe pasar por apoyar los procesos de reconversión laboral de los que buscan trabajo y promover la capitalización de los sectores productivos informales que trabajan con maquinaria obsoleta y necesitan financiamiento y asistencia técnica para dar un salto de calidad en su actividad productiva.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se ha generado el Plan de Desarrollo Local y Economía Social, "Manos a la Obra", que hasta aquí financió maquinarias, herramientas, insumos, bienes de capital y crédito para 56 mil emprendimientos en todo el país, llegando a más de 500.000 pequeños productores.

Ahora se apunta a la generación de cadenas productivas entre los proyectos, promoviendo los procesos de industrialización y la potenciación del valor agregado para la producción primaria. Los desafíos pasan por lograr mayor estandarización y la consolidación de la escala de la producción de los emprendedores.

Por eso, se impulsa una mayor relación con el sector privado, a partir de la reorientación del concepto de responsabilidad social hacia la capacitación y la asistencia técnica de los nuevos emprendimientos. Sobre esa base, se creó un consejo empresario conformado por veinte empresas de primer orden y se seleccionaron una serie de proyectos estratégicos del "Manos a la Obra" para que reciban asesoramiento.

La articulación ha permitido avanzar tanto en la adquisición de conocimientos técnicos por parte de los emprendedores como en la generación de cadenas de proveedores que integren al ámbito de la economía social con las empresas ya consolidadas.

Los emprendedores reciben asesoramiento de los privados en temas de mejora de la calidad, difusión y comercialización de los productos. Para ello, los técnicos visitan los proyectos y efectúan diagnóstico. Luego, la empresa designa a los profesionales adecuados para aportar capacidad técnica a los responsables del emprendimiento.

El 2007 representa el comienzo de una nueva etapa, en la que damos un salto de escala en los procesos generados. Necesitamos trabajar tanto con el sector bancario como con el sector productivo privado en estrategias de masificación del microcrédito. Y se deben consolidar los espacios institucionales de diálogo entre el Estado, las organizaciones sociales y el sector empresarial para la definición de los principales sectores productivos en cada región del país que combinen el crecimiento económico con la inclusión social.

Clarín, suplemento Económico del 31 de diciembre de 2006