Desde el inicio de la gestión este Gobierno ha mantenido como objetivo central la inclusión de millones de argentinos en el trabajo y el consumo ya que la década anterior dejó una profunda crisis económica y social signada por la marginalidad, pobreza y desocupación; claro resultado de un proyecto político de exclusión social.
 
Hoy la situación ha cambiado. La indigencia y la pobreza han disminuido ampliamente. La permanente creación de trabajo es un dato indiscutido y los trabajadores han perdido esa sensación de inestabilidad, que fue un dato de la realidad laboral de los últimos 25 años. Hoy, en cambio, existe una perspectiva de ocupación creciente. Más de 3.000.000 puestos de trabajo fueron creados y hay una ocupación extendida a todas las categorías, las competencias y las calificaciones. El Gobierno ha trabajado duramente para revertir el estado en que se encontraba la estructura ocupacional. Con el apoyo de miles y miles de argentinos hoy podemos decir que tenemos un mejor escenario. Esta es una base indispensable para pensar cualquier corrección sustantiva a algunos de los sistemas del campo laboral. Este es el caso del cambio propuesto en el sistema jubilatorio.

Desde la campaña electoral de 2003 la mejora de la situación de los jubilados y pensionados fue una prioridad. Una de las primeras decisiones políticas de gobierno fue la de empezar a subir las jubilaciones y pensiones de los ciudadanos que estaban en peor situación. Fueron once aumentos sucesivos que mejoraron la situación económica del 90% de los jubilados y pensionados. Luego se decidieron dos aumentos para la totalidad de las escalas. Al mismo tiempo, el Gobierno implementó el sistema de jubilación anticipada para incluir a todas aquellas personas que tienen la edad jubilatoria, pero que no reciben ninguna pensión o jubilación porque no pudieron aportar los 30 años que exige la legislación. El objetivo de estas decisiones fue proteger a todos los argentinos que por distintas razones no habían podido ingresar al sistema de jubilaciones y pensiones con el fin de incorporarlos a este proyecto de inclusión social liderado por el presidente Kirchner.

La ley 26.222 de libre opción jubilatoria se enmarca en esta política inclusiva de gobierno y propone un cambio sustancial del principio rector del sistema. Supone que todos los trabajadores quedan bajo el amparo del régimen público, exigiéndose una manifestación expresa de voluntad para sustraerse de la protección estatal. Pero debemos garantizarle, a aquel que tenga la voluntad explícita y consciente de aportar al subsistema de capitalización, la posibilidad de hacerlo.

Todo esto tiende a corregir la primera distorsión de la Ley Nº 24.241. De los más de 11.900.000 aportantes que hoy tiene el sistema de capitalización, la mitad no había elegido aportar a ese sistema. Habían sido arrastrados al sistema de capitalización, como producto de una ¨trampa¨ que establecía la ley, que daba 90 días para optar y si el trabajador no respondía en ese tiempo lo obligaban a firmar un contrato individual.
 
La nueva reforma no trae tras de sí la idea de un ajuste, como fue durante los ´90. Presentamos una reforma que es más protectora y que va a mejorar la situación de millones de trabajadores. Con responsabilidad en el gasto y con racionalidad en su elaboración hemos priorizado mejorar la situación de los jubilados y darle sustentablilidad en el tiempo.

El centro de esta propuesta es la libre opción jubilatoria para todos los trabajadores. Es decir, 15 millones de trabajadores recuperarán la posibilidad de hacer la elección, en un período de 180 días posteriores a la aprobación de la ley, y revisar esa decisión cada 5 años, para ratificar su presencia en el sistema en el que está o pasar al otro.

Esta reforma incorpora un tope, un límite a toda comisión que cobran las AFJP, estableciéndolo en un 1%. Sólo con esta medida se añadirán 160 millones de pesos anuales a las cuentas personales del sistema de capitalización.

Otro punto importante es la garantía de la jubilación mínima para todos los aportantes de los dos subsistemas. El Estado da un paso adelante, fortaleciendo su presencia con la garantía de la jubilación mínima.

Estamos convencidos de que ingresamos en una etapa de ampliación de la seguridad social de nuestro país, que ha sido reclamada por dirigentes sociales, sindicales, especialistas y legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado.

Creemos que todas estas medidas de gobierno forman parte del proceso de crecimiento económico con inclusión, basado en la idea que reitera el presidente Kirchner, ¨queremos un crecimiento para todos y no para algunos pocos¨.